Editorial Picante. Referendo Revocatorio bajo ataque masivo

El país se encuentra en vísperas de la jornada para la recolección de voluntades de aquellos ciudadanos que quieren solicitar la realización de un referendo revocatorio al mandato del Presidente Nicolás Maduro.

La oposición venezolana, desde principios de año (2016), ha manejado varias opciones para lograr un cambio de gobierno en el menor tiempo posible, como solución a la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela y que cada día que pasa, se profundiza aun más.

Enmienda constitucional, renuncia, ilegalidad de origen del Presidente (por la nacionalidad en duda) y el Referendo Revocatorio, han sido las opciones legales que se ha planteado la oposición agrupada en la coalición de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). De todas las opciones, la que resultó como real y posible, es el proceso revocatorio. ¿Por qué?, la principal y más importante razón, es que el acto refrendario es un proceso ciudadano que escapa de una cúpula política, mientras que los otros, dependen de múltiples variables en las que se tiene poco o ningún control. Por ejemplo, la opción de la renuncia, sería un acto absolutamente voluntario por parte del Presidente de la República y ello, sería extremadamente utópico pensar que se pudiera dar. Para el caso de la enmienda, constituiría un acto fuera de la ley, lo que podría ser considerado como un “fraude a la Constitución”, por pretender aplicar un principio retroactivo, cuando la propia carta magna lo prohíbe. En cambio, el revocatorio, en el momento que se dio la primera recolección de firmas, aquel famoso 1%, dejó de ser de la MUD y pasó a titularidad de los miles de ciudadanos que se manifestaron en esa jornada. Es decir, tiene miles de dolientes.

Desde el punto inicial, incluso desde su propuesta como vía de solución, el referendo revocatorio ha sido víctima de los más viles ataques desde cada trinchera del sector oficialista y no precisamente desde el partido de gobierno, sino de las diversas instancias de poder, empezando por el Ejecutivo.

Poder Electoral, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, han enfilado sus baterías con la firme voluntad de impedir la realización de una consulta popular que tiene nada más y nada menos, que el aval de la Constitución Nacional.

El Ejecutivo, ha hecho uso y abuso de sus recursos económicos y humanos para lograr desmembrar a la oposición política que encausa y empuja el referendo revocatorio. Ha utilizado a los cuerpos de seguridad del Estado para perseguir a dirigentes opositores sin distingo de localidad ni capacidad de liderazgo. Desde Concejales, Alcaldes, dirigentes de partidos, los propios partídos políticos y hasta Diputados, han sido señalados por el Presidente de la República como conspiradores. Ello ha traído como consecuencia persecuciones, aprehensiones e inicio de procesos judiciales que ya ni siquiera se guarda la forma de hacerlo en la justicia civil, sino que se ha llevado a la jurisdicción militar, violando con ello los derechos consagrados en la Constitución.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, ha abusado de los lapsos que otorga una ley creada por ellos mismos que regula y “organiza” la realización de un acto de consulta popular para la revocatoria de mandatos dados por elección popular. Un proceso, que perfectamente bien se ha podido realizar en no más de 3 meses (como se hizo en el caso de Hugo Chávez en el año 2004), ha dilatado más de 8 y aun no se ve la real posibilidad de materialización en el 2016, lo cual pone la estrategia final para lograr un cambio de mando en la presidencia de la República en serias dudas, pues de darse y lograr revocar a Nicolás Maduro en el 2017, sería el Vice Presidente designado por el, quien culmine el periodo constitucional. Es decir, un individuo que no fue votado (electo) asumiría la primera magistratura del país. El Consejo Nacional Electoral, dirigido por 5 rectores de los cuales 4 son abiertamente afectos al grupo de gobierno, no guardan forma ni detalle en el momento que permiten a altos dirigentes del chavismo actuar ante ellos como si se tratara de otros funcionarios más del CNE, para ello, el mejor ejemplo es el del Alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien tiene acceso a información del ente comicial y el proceso, para su posterior manipulación y divulgación a interés del PSUV.

El Poder Judicial, ha jugado la carta de la “legalidad”, tratando de sustentar las actuaciones del Poder Electoral con sentencias emitidas a altas de la noche, buscando el menor ruido posible ante las arbitrariedades que ello supone. El Tribunal Supremo de justicia, se supone debe ser un poder absolutamente autónomo e independiente, pero cada día que pasa, se ven más las costuras de unión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Ello deja a la ciudadanía venezolana en una situación indefensa, prácticamente sin instancia a quien acudir para denunciar las ilegalidades cometidas por los otros órganos del Poder Público Nacional.

Tal y como se dijo al principio de este editorial, el proceso revocatorio dejó de ser de la MUD y pasó a propiedad de los ciudadanos que lo desean. La semana que viene, cuando se tiene pautada la recolección de firmas equivalente al mínimo de un 20% de personas respecto a las inscritas en el registro electoral, los venezolanos tiene la oportunidad no solo de afianzar aun más la voluntad de seguir adelante con el proceso, sino que podría convertirse en un revocatorio político si se lograse que más de 7.000.000 de venezolanos insistan en manifestar su posición firme de revocar al Presidente Maduro.

Si la oposición logra semejante movilización, a ojos del país y de la comunidad internacional, quedará en clara evidencia que la mayoría de los venezolanos desean un cambio del modelo que ha gobernado a Venezuela los últimos 17 años.

El revocatorio no está muerto. Depende no solo d la dirigencia política, sino de los ciudadanos. El revocatorio desde hace tiempo, dejó de ser de la MUD, ahora es de Venezuela.

 

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