Editorial Picante. ¿Qué diferencia hay entre lo que dice el CNE y lo dicho por el TSJ? ¡Ahí está el detalle!

El pasado 21 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral formalizó en su directorio que la recolección de firmas con objeto de solicitar formalmente un referendo revocatorio al Presidente Nicolás Maduro.

En dicho directorio del ente comicial, entre otras condiciones, se aprobó que la totalización efectiva del 20% mínimo de firmas necesarias para lograr activar el proceso refrendario, se hará de manera regional, es decir, en cada uno de los 23 estados del país más el Distrito Capital y no de manera nacional. Bajo esta premisa, aunque en el total nacional lograse sumar al menos el 20% de voluntades en contraste con los electores inscritos en el Registro Electoral, pero en una entidad no se supere la meta mínima, el Referendo Revocatorio quedaría negado. Ello obligaría a la oposición, a iniciar nuevamente el proceso o buscar una vía alternativa de presión política para la solución a la crisis del país.

El Rector del CNE, Luis Emilio Rondón, informó oportunamente al salir del directorio, que había salvado su voto ante la decisión del órgano colegiado, principalmente por el punto de la “regionalización” de un proceso que es de carácter nacional. Otro punto de desencuentro entre el rector Rondón y las otras 4 rectoras, fue la poca cantidad tanto de centros electorales que se dispondrán para dicho proceso, así como la mínima cantidad de máquinas captahuellas en las que los electores deberán validar su huella dactilar a efectos de solicitar el referendo y demostrar que se trata de la persona solicitante y no un “usurpador de identidad”.

Ahora bien, la noche de ayer, 17 de octubre de 2017 la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia de la Magistrado Indira Alfonzo, “resolvió un recurso de interpretación de las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargo de Elección Popular, específicamente los artículos 15 y 29 de la resolución dictada por el Consejo Nacional Electoral el pasado 6 de septiembre de 2007.

¿Qué dicen los artículos solicitados a interpretación?

“ARTICULO 15.- Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido popularmente el funcionario podrá solicitar la convocatoria de referendo revocatorio de su mandato, un número no menor del veinte por ciento (20%) de los electores y electoras inscritos en el Registro Electoral para el momento de la solicitud. de la circunscripción correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.”

“ARTÍCULO 29.- Si efectuada la cuantificación, el número de manifestaciones de voluntad es igual o mayor al veinte por ciento (20%) de los electores inscritos en el Registro Electoral de la circunscripción de que se trate, exigido para la procedencia del referendo revocatorio, el Consejo Nacional Electoral declarará precedente la solicitud de referendo revocatorio y procederá dentro de los tres (3) días siguientes a su convocatoria. Si por el contrario, no cumpliera con el referido porcentaje, el Consejo Nacional Electoral declarará sin lugar la solicitud de referendo revocatorio.”

¿Qué dijo la Sala Electoral?

“La interpretación de los artículos 15 y 29 de las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargo de Elección Popular; en los siguientes términos: La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial. La etapa de recolección de las manifestaciones de voluntad no puede ni debe confundirse con el referéndum en estricto sentido, en el cual sí participa la totalidad del padrón electoral, universalidad que abarca a todos los electores tanto a los que apoyan la revocatoria del mandato como a aquéllos que aspiran a ratificar en el cargo al funcionario electivo sometido a la consulta popular. La recolección de las manifestaciones de voluntad no constituye en ningún caso, por consiguiente, ni una consulta, ni un referendo, ni un plebiscito.

De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia estaría regionalizando un proceso electoral que es de ámbito e interés nacional, pues se trata del Presidente de la República, que fue proclamado como electo  el pasado 14 de abril de 2013 por el Consejo Nacional Electoral, a pesar que no logró mayoría de votos en Anzoátegui, Bolívar, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira ni Zulia. Es decir, de 24 regiones del país, Nicolás Maduro logró ganar solo en 15. Si a este proceso de elección nacional se le hubiese aplicado el criterio actual del CNE y ahora del TSJ, Nicolás Maduro no debería ser Presidente de la República. Sin embargo, fue proclamado y juramentado como Presidente Electo.

¿Que diferencia hay entre lo establecido por el CNE el pasado 21 de septiembre y lo “interpretado” ayer por el TSJ?

Tal y como diría Mario Moreno Cantinflas en su clásica e histórica película de 1940 “Ahí está el detalle“, y es que uno de los mandatos fundamentales del máximo tribunal del país, es la de garantizar y velar el respeto y cumplimiento a la Constitución de la República.

Recientemente, El abogado constitucionalista Jesús María Casal señaló que “el artículo 72 no permite varias circunscripciones” y opinó que “se ha trivializado la materia y se le quiere dar primacía a algunas normas reglamentarias y alguna discrecionalidad del CNE”, cuando se trata de contenido “de reserva constitucional”.

Casal, especialista en materia constitucional opinó que “se ha trivializado la materia y se le quiere dar primacía a algunas normas reglamentarias y alguna discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, en aspectos referidos al Referendo Revocatorio como son las condiciones para la iniciativa, la celebración y la victoria del evento, “las cuales son materia de reserva constitucional”.

Efectivamente, no hay una sola diferencia entre lo aprobado por el CNE y lo afirmado anoche por el TSJ. Sin embargo una vez más “ahí está el detalle”, y es que como garante de la constitucionalidad, el máximo representante del poder judicial en Venezuela debió afirmar que un proceso revocatorio al Presidente de la República es de carácter nacional, por lo que la regionalización impuesta por el Consejo Nacional Electoral menoscaba el derecho constitucional. La Magistrado Alfonzo, en su “interpretación”, debió finiquitar la “duda” y resolver de una vez por todas que si los próximos días 26, 27 y 28 de octubre la oposición lograse las 3.893.129 firmas que corresponden al 20% de los electores inscritos en el registro electoral, así fuera en apenas 4 estados del país, quiere decir que al menos el 20% de los venezolanos está motivado a revocar el mandato al Presidente Maduro. Una vez más, el poder judicial que se supone, debe ser autónomo e imparcial y garante de la constitucionalidad, se pone de lado y a favor de quien ostenta la primera magistratura del país y AHÍ ESTÁ EL DETALLE.

La diferencia y AHÍ ESTÁ EL DETALLE, es que en un estado de derecho, la Sala Electoral debió haber interpretado lo contrario a lo aprobado por el CNE y decidir, que la circunscripción cuando se trata del Presidente de la República, es nacional y no regionalizar el proceso. La diferencia y AHI ESTA EL DETALLE, es que la sala con competencia en materia electoral del TSJ, debería ser el recurso supremo a donde los ciudadano puedan asistir para lograr el respeto a los derechos garantizados por la Constitución.

A continuación, les dejamos un extracto de la película de Cantinflas “Ahí está el detalle“, a la que se hace alusión en este editorial, en donde el país (Venezuela), se siente como el abogado que intenta demostrar bajo el imperio de la ley, que el acusado (Cantinflas) mató a “Bobby” (un perro enfermo con rabia), pero entre tanta vacilación, Cantinflas logra su cometido y es queda libre de culpa alguna.

Cantinflas va a casa de su novia, que es sirvienta en una mansión, a cenar gratuitamente como lo ha hecho durante mucho tiempo. Pero, esta vez, tiene que ganarse la cena: Paz, su novia, le pide que mate al perro de la familia que esta enfermo con rabia.

La situación que llega al límite cuando Cantinflas es enjuiciado por la muerte de Bobby. En este juicio se dan todos los elementos de la comedia de enredos, pues mientras Cantinflas se refiere a la muerte de Bobby – el perro- casi con indiferencia y cinismo, el resto de la corte cree que Cantiflas es un asesino desalmado que ha matado a Bobby, apodado el Fox Terrier, el antiguo novio de Dolores. Al final, se aclara todo el asunto: una vez que Cantinflas ha sido condenado a la pena de muerte

La corte promete iniciar un nuevo juicio y dejan en libertad a Cantinflas. Todos los miembros de la corte han quedado encerrados en sus propias trampas del lenguaje jurídico, y para justificar sus incapacidades a la hora de encontrar al verdadero culpable del asesinato de Bobby, los abogados y el juez lanzan una perorata que imita el discurso de requiebros y sin sentidos del habla de Cantinflas. Al final de la película la situación vuelve a ser la inicial: Cantinflas vuelve a ser el novio de Paz para poder seguir cenando gratis, como al principio.

¿Podremos comparar los Venezolanos a “Bobby” con el Referendo Revocatorio? AHÍ ESTÁ EL DETALLE, pero….. concluya usted.

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