Sin contar con las trabas del TSJ. Transparencia Legislativa raspó a la AN en el período 2016 (documento)

A pesar que en 88 sesiones parlamentarias,  han emanado 5 sanciones políticas (incluida la sanción contra el Presidente de la República por su “Responsabilidad Política en la ruptura del hilo constitucional en el país”), 106 acuerdos y 15 leyes. El índice latinoamericano de transparencia legislativa, otorga al parlamento venezolano un escaso 20,86% de transparencia, apenas 2 puntos más que en 2014.

Es importante señalar, que a raíz del choque entre poderes que hay en Venezuela, el poder Legislativo está imposibilitado de ejecutar o materializar las normas o acuerdos que aprueban en la labor legislativa. Los encargados de acatar y ejecutar lo aprobado en los debates parlamentarios, se amparan en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declara al parlamento en desacato por la incorporación de los diputados electos (luego impugnados). Recientemente, los parlamentarios electos por el Estado Amazonas, comunicaron su desincorporación a las funciones legislativas para cumplir no solo con la decisión del máximo tribunal del país, sino también con uno de los acuerdos de la mesa de diálogo entre gobierno y oposición. Aun con ello, el TSJ mantiene la tesis del desacato.

Ver: TSJ anula incorporación de diputados de Amazonas (otra vez)

“La Asamblea Nacional registró un modesto avance en el Índice de Transparencia Legislativa”, así lo indica el informe 2016 del indice latinoamericano de Transparencia Legislativa realizado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, donde muestra que en dicho índice en comparación con 2014 hubo un incremento de 2%.

Expresa que entre los avances positivos realizados por esta nueva Asamblea se encuentran el libre acceso de todos los medios de comunicación a las sesiones plenarias y reuniones de comisiones; la publicación de los proyectos de ley; además de la posibilidad de participar en consultas públicas desde el portal web. También en restablecer la periodicidad de las sesiones plenarias dos veces a la semana y que las comisiones estén abiertas a la participación de organizaciones, aunque sufran déficit de recursos para generar información, estudios e investigaciones.
En general el informe revela que el mayor avance está en el acceso de los medios de comunicación a las sesiones y demás comisiones permanentes y la publicación de los resultados en el portal web.
Expresa que siguen en estancamiento la publicación de la memoria legislativa, la conformación de las comisiones permanentes, especiales o mixtas; los informes de asignación y ejecución presupuestaria, partidas y montos destinados para diputados, viáticos, viajes y asesores con los que cuentan los legisladores. No se encuentran establecidos los plazos de realización de las sesiones ordinarias. Aún no existen normas ni sanciones que aseguren el cumplimiento del acceso a la información pública y participación ciudadana.
Aquí se ve, detalladamente las evaluaciones de las distintas áreas en comparación al informe realizado en 2014.
El informe expresa en sus conclusiones que “Para hacer posible estos cambios, se requiere que la voluntad política dé un paso al frente y que la retórica se convierta en acciones definitivas. El reto de la Asamblea Nacional pasa por adoptar las medidas básicas que fomenten mejores prácticas transparentes en su gestión, equiparándola a los estándares regionales. Para poder cumplir esta tarea la Asamblea Nacional requiere de importantes esfuerzos en al ámbito profesional, acompañado de la inversión de recursos financieros para poder aspirar tener en los cortos plazos resultados de calidad, que generen cambios de forma positiva en el quehacer parlamentario.”
 

COMENTARIOS SOBRE VENEZUELA

 
Se expresa una preocupación por el tema presupuestario indicando que los diputados con un sueldo de $40 mensual, están limitados en cubrir salarios de un asistente, o contratar expertos, investigadores, adquirir equipos, sistemas, software, etc.” Además expresa que “con 19,96% en transparencia, la gestión de la asamblea es aún un misterio para la gran mayoría de los venezolanos, y muchos de los datos que se conocen es por medio de terceros.”
 
“La Asamblea Nacional aún carece de una reglamentación que garantice el derecho al acceso a la información pública, la regulación de las actividades de lobby o cabildeo o la publicación de las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses de los parlamentarios, lo que deja al parlamento venezolano en una posición de retraso en relación a los 12 parlamentos de la región evaluados.”
 
En una serie de recomendaciones para mejorar el funcionamiento y optimizar su estructura, plantean “La estructura organizativa del Parlamento debe ser transparentada en aras de evitar la inclusión de personas no calificadas, innecesarias o de incurrir en nepotismo, y otros conflictos de interés, publicándose el listado de competencias y funciones de los servidores públicos de la Asamblea, además del listado, calificación, pagos y contratos de los asesores que tiene cada comisión o grupo parlamentario.”
 
A nivel presupuestario fue la peor dimensión evaluada, apenas 6,95%, debido a Esto es reflejo de “la no publicación de los informes técnicos que son usados para la formulación del presupuesto del Parlamento”. ni información sobre “la ejecución de los recursos financieros, evolución del gasto, composición de los sueldos y salarios de los parlamentarios y de sus equipos técnicos o estados financieros de los viajes en los que incurren por motivos de trabajo.”
 
Establecen al final de las recomendaciones que “El reto de la Asamblea Nacional pasa por adoptar las medidas básicas que fomenten mejores prácticas transparentes en su gestión, equiparándola a los estándares internacionales y esto se materializa en adelantar los esfuerzos que sean necesarios para hacer de carácter público, en formatos accesibles y en datos abiertos de toda la documentación de carácter público que se maneje en el Poder Legislativo.”

RESULTADOS AN 2016

 
Hasta el 15 de Diciembre la Asamblea Nacional había realizado un total de 88 sesiones de donde emanaron 5 sanciones políticas, donde destaca la sanción contra el Presidente de la República por su “Responsabilidad Política en la ruptura del hilo constitucional en el país”, 106 acuerdos y 15 leyes.
De las leyes más relevantes sancionadas está la ley de Amnistía, la Ley del Banco Central, Ley Organica del Tribunal Supremo de Justicia y Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados.
A continuación, pude leer el informe completo

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