Servicios de inteligencia del gobierno “desconocen” límites legales

Foto: Referencial

Para juristas y activistas de Derechos Humanos, el comportamiento del SEBIN es prueba de que  Venezuela es una dictadura, publica el Diario de Las Américas

Detenciones, allanamientos, citaciones y hasta prohibiciones de salida del país. Estos son algunos de los procederes que, sin el concurso de un fiscal o un juez, ha adoptado en las últimas semanas el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), organismo para el que al parecer no hay límites legales ni formales que le impidan realizar su misión de identificar y neutralizar “las amenazas que vulneren los intereses supremos de la República”.

Este fin de semana se conoció que el sucesor de la temida SEBIN  logró incorporar a la base de datos de venezolanos que no pueden abandonar el país a Yenny Patricia Rincón Chacín, esposa del diputado regional y dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo. En el sistema, Rincón figura con una prohibición de salida del país, la cual durará hasta el año 2216; y que la misma fue dictada por el SEBIN.

Cinco días antes varios agentes del organismo se presentaron en la residencia de la profesora Andreyna Febres Cordero, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana de Caracas, para aprehender a su hijo, Andrés Moreno Febres, por ser uno de los autores de un video pagado por el partido Primero Justicia, en el cual se insta a los militares a no reprimir las protestas a favor del referendo revocatorio presidencial.

Los agentes ni siquiera se molestaron en llevar la orden de captura en físico, sino que supuestamente le tomaron una foto y se la mostraron a la catedrática desde un teléfono celular. Este tipo de órdenes deben ir firmadas y selladas por el Tribunal que las dicta.

Días antes y posteriores a la marcha opositora del 1 de septiembre, tres alcaldes, entre ellos el de El Hatillo, David Smolansky; dos concejales y un dirigente estudiantil opositor fueron citados para ser entrevistados en ese organismo donde supuestamente tenían varias investigaciones abiertas contra ellos. Ninguno de los convocados asistió, sino que se presentaron en el Ministerio Público y allí les informaron que no tenían ninguna causa contra ellos.

Estamos viviendo una situación completamente anormal, digna de una dictadura”, advirtió la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, quien recordó que los policías no pueden actuar a su libre arbitrio, pues están sometidos al control de fiscales y jueces.

En similares términos se pronunció la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, quien afirmó: “Una democracia se diferencia de una dictadura precisamente porque cuando se detiene a una persona se le presenta una orden judicial o porque fue capturada delinquiendo en flagrancia, además se le informa a dónde se le va a llevar y allí se le permite que sus familiares y abogados lo visiten y se le pone a disposición de su juez natural. Solo en dictaduras no se respetan esas garantías y las policías pueden actuar por su cuenta”.

Usurpando funciones

Por su parte, el penalista Juan Carlos Gutiérrez, quien representa al alcalde Smolansky, no dudó en acusar al SEBIN de incurrir en los delitos de usurpación de funciones y de abuso de poder; y por ello instó a la Fiscalía actuar.

“A nadie se le puede detener, prohibir salir del país, allanar su casa o intervenir su correspondencia sin que un juez lo ordene, en el marco de una investigación criminal conducida por un Fiscal”, agregó el penalista.

El artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece claramente que a la Fiscalía le corresponde “ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción”, mientras que el artículo 114 agrega que “corresponde a las autoridades de policía de investigaciones penales, la práctica de las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de sus autores o autoras y partícipes, bajo la dirección del Ministerio Público”.

La actuación del cuerpo dirigido por el general Gustavo González López tiene tiempo generando molestias en la Fiscalía. Sin embargo, aunque hasta ahora desde el despacho de Luisa Ortega Díaz han evitado hacer comentarios públicos sí ha habido algunos gestos que indican el desagrado con la actuación del organismo de inteligencia.

Los roces comenzaron a finales de mayo, cuando agentes del SEBIN detuvieron al jefe de Seguridad del Presidente de la Asamblea Nacional, comisario Coromoto Rodríguez, y a un grupo de jóvenes por presuntamente planificar los disturbios ocurridos el 18 de mayo en Caracas tras una marcha opositora. Los jóvenes denunciaron haber sido maltratados por sus captores y éstos les impidieron a los fiscales verificar la situación.

Por si fuera poco, el despacho de Ortega Díaz declinó imputar a Rodríguez, por considerar que no había elementos que lo incriminaran con los disturbios, pero el SEBIN junto con la juez del caso, María Magdalena Díaz, decidieron mantenerlo tras las rejas y alegaron que otro fiscal pidió mantenerlo detenido.

No obstante, días después el susodicho fiscal, identificado como Alberto Requena, envió una comunicación a la jueza rechazando esa versión. “No es cierto que durante las comunicaciones sostenidas con ese tribunal hubiésemos solicitado tal orden de aprehensión”, escribió el funcionario en una comunicación fechada el 30 de mayo, en el cual calificó de violatoria de la Constitución la detención de Rodríguez.

Cero rectificación

Sin embargo, lejos de escarmentar el SEBIN ha reincidido en sus actitudes y el 1 de septiembre detuvo al director de Seguimiento de la Presidencia de la AN, Alejandro Puglia, por haber violado la prohibición de utilizar drones durante la marcha del 1 de septiembre, pese a que nunca lo voló. La Fiscalía rechazó imputarlo consiguió, pero el servicio secreto logró que un tribunal lo dejara preso.

Pero no solo el despacho de Ortega Díaz es víctima de los desacatos y excesos del organismo de inteligencia, también los tribunales. Así por ejemplo en El Helicoide hay unas 15 personas a las que dos tribunales han ordenado liberar y ese organismo no hace caso omiso.

Los afectados son los 14 agentes de la Policía Municipal de Chacao a los que el general González López implicó en el asesinato de un periodista afecto al Gobierno y un tuitero que difundió las fotos de la autopsia del fallecido diputado Robert Serra.

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