Las caras detrás del desfalco millonario de CADIVI

En el tribunal 7 de juicio del Área Metropolitana se desarrolla con sigilo un debate oral que podría explicar a dónde fueron a parar los 25 millardos de Cadivi, una tajada en divisas de la bonanza petrolera, publica el Diario El Estímulo

Por: Javier Mayorca

El Estímulo

El teniente coronel del Ejército Francisco Mariano Navas Lugo, quien fue desde junio de 2010 hasta junio de 2013 gerente de Importaciones y Seguimiento de Exportaciones de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), llegó al piso cinco de los tribunales del Distrito Capital acompañado por tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Todos ellos con actitud relajada, como si se tratase de una diligencia rutinaria ante un órgano de la cuestionada justicia venezolana.

La primera impresión podría confundir al ojo desprevenido. Navas es uno de los tres procesados por un fraude a las arcas del país que, según cálculos del ex ministro de Finanzas Jorge Giordani, supera los 25 millardos de dólares. De hecho, es hasta ahora el acusado más relevante del llamado Caso Cadivi, equivalente contemporáneo al Recadi de la época lusinchista y a la Otac del segundo gobierno de Rafael Caldera.

Navas es, entonces, prueba viviente del gran desfalco que, de no haber existido, quizá le hubiese ahorrado a la población venezolana tanta penuria por la escasez, tanta hambre y muertes por la carestía de medicinas. Y, sin embargo, este oficial marchaba junto a sus escoltas sin esposas, en correcto uniforme administrativo verde oliva, con un maletín atiborrado de documentos. Como si en realidad el único procesado por este juicio fuese su primo, José Daniel Stekman, un civil que llegó más atrás, inmovilizado por las muñecas y con la vestimenta azul celeste que debe portar como consecuencia del “nuevo régimen penitenciario”. Él también está en juicio.

Navas y Stekman acudieron el jueves 15 de septiembre de 2016 a la segunda jornada de este proceso judicial, que se adelanta en el juzgado séptimo de juicio de Caracas, a cargo de la abogada Yoko Horiuchi Yamashita. Le dicen “La China”, pero en realidad es una venezolana de ancestros japoneses, parte de ese escaso porcentaje de funcionarios de carrera en el mundo tribunalicio.

La juez entró a la sala de juicio ataviada con una toga negra. Eran aproximadamente las 5:30 pm. cuando se le escuchó el saludo en voz baja a los asistentes. La audiencia estaba pautada para la una. Los retrasos, explicó un litigante, se hicieron crónicos desde que los detenidos fueron trasladados en forma indiscriminada a cárceles remotas en el interior del país. Stekman, por ejemplo, está recluido en un retén del estado Lara llamado Fénix, mientras que el teniente coronel Navas engrosa la población del Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, Los Teques.

Para la jornada de este jueves se esperaba la comparecencia de un agente de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que supuestamente explicaría el origen de la pesquisa sobre el magno desfalco. Pero el funcionario no llegó. Parecía entonces que los acusados regresarían a sus respectivas prisiones sin mayores avances en el juicio. Sin embargo, la juez tenía otra información.

—Abogado, entiendo que su defendido quiere hacer una declaración —inquirió Yamashita.
—Así es, señora juez —contestó el único defensor de Navas y Stekman, Alonso Medina Roa.

Acto seguido, el militar se levantó de su asiento, cruzó la sala y se sentó en el estrado, en el ala derecha de la sala de juicio.

La denuncia del jefe

La investigación penal sobre las supuestas irregularidades en la Comisión de Administración de Divisas —Cadivi, actual Cencoex— comenzó el 16 de julio de 2013. A las 10 am. de ese día, el coronel del Ejército Víctor Armando Flores Correa compareció ante el director de Contrainteligencia Militar, mayor general Hugo Carvajal. De esa entrevista surgieron dos documentos: uno anónimo que fue utilizado para dar inicio formal al expediente y otro que fue consignado con posterioridad. Ambos, sin embargo, tenían el mismo contenido y la firma de Flores Correa, quien hasta el mes anterior y durante más de tres años se había desempeñado como vicepresidente de Administración y Control de Divisas.

En otras palabras, Flores Correa fue la segunda autoridad de Cadivi, solo superado por el general de brigada del Ejército Manuel Barroso, entonces presidente. Era, además, el inmediato superior de Navas en el organigrama de la institución. Según este oficial, las irregularidades en la comisión abarcaban las gerencias de Importaciones, Recepción de Solicitudes y Registro (Rusad) y la de Verificación Aduanal.

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Flores recordó que a finales de 2012 remitió a Contrainteligencia Militar un primer informe sobre los supuestos ilícitos en la gerencia de Importaciones, a cargo de Navas.Pero aclaró que carecía de pruebas. “Para ese momento, informaciones obtenidas establecían que cobraban hasta dos bolívares fuertes por dólar liquidado”, sostuvo.

Estos datos se los suministraban a Flores oficiales retirados que para ese momento manejaban empresas de importación y exportación en Panamá. Acto seguido, describió otras irregularidades:

  • Triangulaciones: “adquisición de rubros, objetos o bienes en el país en que se producen y que luego son adquiridos por empresarios venezolanos en un tercer país con sobreprecios, además de la importación de rubros que difieren de los que las empresas tradicionalmente importan”.
  • Sin certificado: para la importación de la mayoría de los rubros, era necesario que el ministerio correspondiente emitiese un certificado de no producción, es decir, una constancia de que no es fabricado en el país. Flores puso como ejemplo que una empresa supuestamente dedicada al ensamblaje de electrodomésticos recibió en un solo día de noviembre de 2012, 8,5 millones de dólares. La compañía, sin embargo, carecía de infraestructura para armar una lavadora.
  • Manipulación de códigos arancelarios: cada mercancía está identificada con un código. Por lo tanto, hay códigos que no pueden estar involucrados en operaciones de importación, pues se refieren a productos que sí son fabricados en el país. Pero, según Navas, había un “patrón de comportamiento de empresas que buscaban cometer irregularidades”, mediante la manipulación de estos códigos.

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