GOLPE A LA CONSTITUCIÓN. TSJ permitirá que Maduro presente presupuesto ante el poder judicial

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Artículo 187: Corresponde a la Asamblea Nacional:

6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público.

7. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto.

8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional.

9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.”

De esta manera, la Constitución de la República estipula de manera exclusiva a la Asamblea Nacional como el único poder facultado para aprobar o improbar el presupuesto de la nación que debe presentar el Ejecutivo Nacional antes del 15 de octubre de cada año.

A la media noche de ayer martes 11 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia publicó en su portal web una nota de prensa en la que informa la decisión tomada por la Sala Constitucional de dicho tribunal en torno a la consulta hecha por el Presidente Nicolas Maduro respecto a la presentación y consulta del presupuesto de la nación para el año 2017.

Ver: TSJ decide que Maduro deberá presentar presupuesto 2017 ante la sala Constitucional 

El máximo tribunal del país, declaró que el presupuesto nacional deberá ser presentado por el Presidente de la República ante la Sala Constitucional, bajo la forma normativa de Decreto que tendrá Rango y Fuerza de Ley.

La decisión del TSJ también se fundamentó en el supuesto “desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional, respecto de sentencias del TSJ y de la Constitución, así como también en el Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

La sentencia dispone que “el decreto de presupuesto nacional estará sujeto al control de la Sala Constitucional del TSJ, conforme a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como parte del sistema de garantías previsto en el Texto Fundamental“. Sin embargo, el presupuesto de la Nación no es un decreto (que podría ser perfectamente dictado por el Ejecutivo Nacional), sino que se trata de una ley que debe ser discutida y aprobada cada año por la Asamblea Nacional y así lo dice la Constitución Nacional en sus artículos 202 y 203 así como también la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público en su articulado número 38

“Artículo 202. La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos.

Artículo 203. Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes.”

“Artículo 38. El proyecto de ley de presupuesto será presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional antes del quince de octubre de cada año. Será acompañado de una exposición de motivos que, dentro del contexto de la ley del marco plurianual del presupuesto y en consideración del acuerdo de la Asamblea Nacional a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, exprese los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones adicionales relativas a la metodología utilizada para las estimaciones de ingresos y fuentes financieras y para la determinación de las autorizaciones para gastos y aplicaciones financieras así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportuno”.

Uno de los argumentos esgrimidos por el TSJ para tomar esta decisión es “la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional, ante el deber de honrar los postulados de separación y equilibrio entre los poderes que conforman el Poder Público y con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional”. Sin embargo, la propia Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público ordena a los demás poderes que integran el Poder Público Nacional (Judicial, Electoral y Ciudadano) a presentar su presupuesto anual ante la Asamblea Nacional, siendo este último uno de los 2 poderes constituidos vía voto directo y universal de los venezolanos (el otro, es el Ejecutivo Nacional)

“Artículo 37. Los órganos del Poder Judicial, del Poder Ciudadano y del Poder Electoral formularán sus respectivos proyectos de presupuesto de gastos tomando en cuenta las limitaciones establecidas en la Constitución y en la ley del marco plurianual del presupuesto y los tramitarán ante La Asamblea Nacional, pero deberán remitirlos al Ejecutivo Nacional a los efectos de su inclusión en el proyecto de ley de presupuesto.”

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento formal por parte de la directiva de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Presidente del Poder Legislativo se manifestó anoche a través de su cuenta de Twitter una vez conocida la noticia del TSJ.

Recordar es vivir

En el siguiente video, podrá recordar la opinión que tenían los diputados en mayoría absoluta chavistas respecto a decisiones emanadas desde el Tribunal Supremo de Justicia que interfirieran en la independencia del Poder Legislativo.

Ocurrió en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del 22 de marzo de 2007. En ella se acordó dejar sin ningún efecto jurídico la sentencia Nº 01-2862, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.635 de fecha jueves 01 de marzo de 2007 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

La Asamblea Nacional en ese momento estaba presidida por la diputada Cilia Flores. Entre los que intervinieron en el debate justificando la declaratoria de nulidad de la sentencia estuvieron los diputados Juan José Molina, Iris Varela, Calixto Ortega, Rafic Souki, Iroshima Bravo, Ulises Daal, Tulio Juménez, Ricardo Sanguino, Freddy Rojas, Francisco López, Jesus Castillo y Carlos Escarrá.

Se constituye este Acuerdo del año 2007 en el precedente de la potestad de la Asamblea Nacional de declarar nulos las sentencias del TSJ que usurpen la autoridad de la AN en concordancia con los artículos 25, 138, y 187 de nuestro texto constitucional.

Vea a continuación las intervenciones de los diputados justificando el Acuerdo de la Asamblea Nacional

Lea a continuación la sentencia completa

 

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