Chavismo militariza la represión contra protesta social

Desde el 2015 al menos 21 venezolanos han terminado ante tribunales militares por quejarse de la escasez o discutir con militares sobre la manera cómo organizan las colas para comprar alimentos y medicinas, según un estudio de la organización Provea

Diario de Las Américas

La militarización de la represión contra la protesta social en Venezuela se profundiza cada vez más.

El Gobierno de Nicolás Maduro ya no solo utiliza a los efectivos de la Guardia Nacional e incluso del Ejército para organizar y vigilar las largas filas de personas que diariamente se ven ante mercados, farmacias y demás establecimientos; y por supuesto para reprimir a quienes protesten en las mismas, sino que además ha comenzado a utilizar a los tribunales castrenses para sancionar a quienes osan expresar su descontento.

Así lo denunció el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su último informe anual, donde aseguró que en 2015 cuatro personas terminaron ante un juez castrense para enfrentar procesos por ofensa al centinela, ultraje a centinela y/o ataque al centinela, delitos previstos en el Código de Justicia Militar. Sin embargo, revisiones posteriores hechas por esa misma agrupación, que han incluido también lo que va de 2016, han elevado la cifra anterior hasta 21.

“El proceso de militarización de la sociedad venezolana, en especial de la distribución de alimentos y productos de higiene, ha incluido a la justicia militar, la cual es usada para castigar a quienes protestan en las colas en franca violación de la Constitución”, denunció el excoordinador de la organización, Marino Alvarado, quien recordó que la Carta Magna, en su artículo 261, es clara al señalar que los tribunales militares se limitan a conocer “delitos de naturaleza militar”.

En similares términos se pronunció el abogado especializado en Derechos Humanos, Nizar El Fakih, quien calificó de “preocupante” esta situación, la cual no solo implica una violación al derecho al juez natural sino que además coloca a los afectados a someterse a un procedimiento militar.

“Las personas pueden terminar en una cárcel militar, donde hay un régimen cerrado, es decir tienen que cumplir unos horarios y unas rutinas distintas y estrictas tradicionales para los militares pero extrañas para los civiles, pero además el ejercicio de algunos derechos como a la defensa se ve disminuido, porque en algunos establecimientos carcelarios militares es común que las reuniones abogado cliente sean vigiladas por unos centinelas”, indicó.

En esta situación estuvieron, aunque solo un par de semanas, Andrés Rebolledo Gutiérrez y David Navas Escobar, dos de los 21 venezolanos han terminado ante un juez uniformado y los cuales fueron enviados a la parte militar de La Pica, una prisión al suroriente del país. Ambos hombres fueron detenidos el 6 de agosto de 2015 por unos guardias nacionales, los cuales los acusaron de atacar, golpear y amenazar con un cuchillo a dos soldados que vigilaban un hipermercado en Ciudad Bolívar, a unos 587 kilómetros en el sureste de Caracas, donde estaban vendiendo alimentos regulados.

Según el relato contenido en fallo número 150 del Tribunal Militar 15 de Control de Maturín, Rebolledo pretendió colearse la fila de personas que esperaban por comprar con la ayuda de una amiga, lo cual generó la reacción de quienes estaban en la misma y alertó a los efectivos de que algo estaba ocurriendo. Al llegar al lugar y pedirle que se saliera el hombre comenzó a insultar a los uniformados y se abalanzó contra ellos y luego Navas.

Aunque en enero les otorgaron medidas cautelares, enfrentan un juicio por ataque a centinela por el cual podrían pasar entre 14 y 20 años tras las rejas. Por su parte, los 19 restantes están en libertad condicional y deben presentarse en lapsos que van desde los ocho hasta los 30 días ante un tribunal o fiscal militar y no pueden salir del país, algunos además no pueden participar en manifestaciones; y a uno en Caracas le fue ordenado mantener un “excelente comportamiento dentro de las instalaciones militares”, según el dictamen que acordó procesarlo por discutir con un militar en una farmacia.

Una tradición

A Alvarado esta situación no le sorprende, por cuanto Venezuela tiene una larga tradición permitiendo a los tribunales militares enjuiciar a civiles, la cual la Constitución de 1999 no pudo quebrar.

“En 2010 solicitamos a la entonces defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, que se pronunciara respecto al procesamiento de civiles en tribunales militares, pero mantuvo el silencio histórico que la Defensoría ha guardado al respecto. La Fiscalía, por su parte, solo pelea la competencia cuando se trata de militares acusados de violar Derechos Humanos, pero en el caso de los civiles ha mantenido una actitud complaciente”, denunció el activista, quien agregó: “En Venezuela el Gobierno, la Fuerza Armada y el Poder Judicial ven como normal que civiles sean enjuiciados por tribunales militares, no es que estamos frente a un juez que comete un exceso, sino frente a una política”.

Por su parte, El Fakih aunque admitió que la cantidad de casos de civiles procesados por tribunales castrenses no es elevada igualmente dijo que la situación es alarmante, porque “no debería haber ninguno y el número no hace sino crecer. En un país que se dice democrático la justicia militar debería estar muy restringida, para solo conocer casos de militares activos que cometen delitos militares, jamás para civiles”.

Hasta ahora en ocho estados ciudadanos de a pie han sido detenidos por militares, llevados ante jueces militares para acusarlos por delitos militares, en lugar de ser puestos a disposición de jueces ordinarios para que, en caso de que hay infringido la ley, sean castigados.

Por último, el experto recordó las autoridades que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros contra Perú estableció, con carácter obligante para todos los estados de la región, incluyendo a Venezuela, que “la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”.

Despiece:

Militarización creciente

Diez ministros de los 32 ministros del Gobierno son militares, mientras que siete de los 24 gobernadores lo son aunque en situación de retiro.

Los últimos dos planes de seguridad del Gobierno (Patria Segura y Operación Liberación del Pueblo) los ejecutan en su mayoría uniformados.

Este mes el presidente Nicolás Maduro dejó en manos del ministro de la Defensa, general en Jefe Vladimir Padrino López, la responsabilidad de garantizar la producción, distribución y comercialización de alimentos, medicamentos y productos de higiene, al nombrarlo responsable de la Misión Abastecimiento Seguro.

Al Ministerio de la Defensa le fueron asignados 85,3 millardos de bolívares (8,5 mil millones de dólares al tipo de cambio de 10 bolívares por dólares), mientras que al Ministerio de Alimentación le asignaron 21,4 millardos (2,1 mil millones de dólares).

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