Jesus María Casal: Recolección del 20% basta con que sea nacional

El abogado constitucionalista Jesús María Casal señaló que “el artículo 72 no permite varias circunscripciones” y opinó que “se ha trivializado la materia y se le quiere dar primacía a algunas normas reglamentarias y alguna discrecionalidad del CNE”, cuando se trata de contenido “de reserva constitucional”, publica El Universal

Defendiendo el ejercicio más amplio de los derechos de participación política, el abogado constitucionalista, Jesús María Casal, coincide con lo señalado por su colega Hermán Escarrá en cuanto a que la recolección del 20% de confirmaciones del Registro Electoral “basta con que sea nacional”, para así cumplir con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Nacional y proseguir en consecuencia con la definitiva realización del Referendo Revocatorio del presidente Nicolás Maduro.

Este especialista en materia constitucional opinó que “se ha trivializado la materia y se le quiere dar primacía a algunas normas reglamentarias y alguna discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, en aspectos referidos al Referendo Revocatorio como son las condiciones para la iniciativa, la celebración y la victoria del evento, “las cuales son materia de reserva constitucional”.

Mencionó en su participación en el programa Primera Página de Globovisión, que “hay una sentencia de la Sala Constitucional en la que llegó a precisar que no puede el CNE introducir elementos de discrecionalidad sobre el cumplimiento de las condiciones que son constitucionales”.

Por ello Casal rechazó lo decidido esta vez por la institución electoral que se inclinó por una recolección regional del 20% de voluntades del Registro Electoral para poder cumplir con el requisito constitucional y pasar a la realización del evento referendario contra el mandato del presidente Maduro.

“El artículo 72 no permite varias circunscripciones (…); dice ‘la circunscripción correspondiente’ porque se refiere a la nacional si es el presidente de la República, la estadal si es para el gobernador y municipal si es el alcalde”, explicó.

Amplió aún más y mencionó “el pueblo que elige revoca, por lo tanto, si el que eligió es el pueblo organizado en el circuito nacional es ese el que revoca y la iniciativa la hace ese mismo pueblo que puede revocar”.

Sobre la sugerencia de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) solicite al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de interpretación del artículo 72 de la carta magna, Casal concluyó que “a la luz de las sentencias que han dictado la Sala Constitucional del TSJ y la Sala Electoral desde enero, y con la precariedad del estado de Derecho en el que estamos, hay poco fundamento para creer que pueda salir de allí una interpretación recta de la Constitución”.

En cuanto a los tiempos que indica el Reglamento del CNE sobre la realización de Referendos Revocatorios, aclaró el también profesor universitario que cuando el texto indica 90 días se refiere a “lapsos”.

“No es que el Referendo tenga que realizarse 90 días después de que el CNE verifique que se ha alcanzado el 20% sino que es un ‘lapso’, dentro de los 90 días. Y el espíritu de acuerdo a la Constitución, dado que todo mandato es revocable y que ese es un derecho de participación política, debería ser el de favorecer el ejercicio de los derechos, sin perjuicio de que el funcionario que va a ser revocable tiene derecho a tener sus testigos y hacer su seguimiento”, explicó.

TSJ “liquidó de facto” a la Asamblea Nacional

En relación a las sentencias de la Sala Constitucional y Electoral del TSJ que impiden el ejercicio de las funciones plenas del Parlamento Nacional y, entre otras cuestiones declararon “inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral” (sentencia de la Sala Constitucional N° 808, del 05 de septiembre), Casal, quien por cierto es asesor jurídico del Parlamento Nacional, aseguró que “de facto equivalen a liquidar el Parlamento Nacional. Y no puede haber democracia representativa sin Parlamento”.

Este conjunto de sentencias por un lado dejan bloqueada a la Asamblea para el ejercicio de su facultad de control (…). Ya desde una sentencia del 1 de marzo se redujo al mínimo la facultad de control de la AN para hacer interpelaciones, para pedir información a los ministros, para hacer comparecencias. Hoy en día ningún funcionario del Ejecutivo atiende esas citaciones de la AN”, criticó.

Señaló en segundo lugar el experto constitucionalista que “también la tarea de legislación está siendo bloqueada con sentencias que pretenden imponer condiciones como la de la ‘concertación’ con el Ejecutivo (…). Es insólito que un Parlamento autónomo para poder ejercer sus tareas deba buscar al Ejecutivo para ‘concertar’ con él el contenido de una Ley que pueda tener implicación económica”.

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