Asamblea Nacional se plantea el difícil reto de recuperar el dinero de la corrupción

Diario de Las Américas

CARACAS.-PEDRO PABLO PEÑALOZA
@pppenaloza

La deuda del Gobierno venezolano con los laboratorios farmacéuticos y la industria de los alimentos ronda los $8.000 millones de dólares, según cálculos del sector privado. Aunque puede parecer –y es- mucho dinero, apenas representa el 3% de lo que devoró la corrupción en el sistema de control de cambio vigente en el país desde 2003, de acuerdo con las denuncias de exministros chavistas.

En épocas de vacas flacas, todos se preguntan: ¿dónde está el dinero? Analistas observan que Miraflores aplica una especie de “default” social. Sigue cumpliendo sus compromisos internacionales, al precio de recortar las importaciones y no liquidar las divisas que necesitan las empresas para adquirir o producir los bienes esenciales que requieren los venezolanos.

La escasez generalizada lleva a una conclusión: si la mayoría tiene poco, es que un puñado tiene mucho. Desde que asumió la nueva Asamblea Nacional, controlada por la oposición, la Comisión de Contraloría se ha dedicado a investigar denuncias sobre el saqueo al erario público y ahora, con el proyecto de Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción, los diputados pretenden repatriar el dinero robado a la República Bolivariana.

La propuesta legal, que el Poder Legislativo venezolano espera aprobar este mismo año, toma como referencia la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y las experiencias que se han registrado en otros países de la región como Guatemala, Colombia, México, Honduras y Perú.

Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana. (ARCHIVO)

El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Guevara, declaró que buscan rescatar activos de origen ilícito, “activos que hayan sido usados como instrumentos para ejercer fines ilícitos” y, por último, “activos que sean producto de las ganancias obtenidas a partir de activos con orígenes ilícitos”.

“Es decir, si usted se robó unos reales y con eso montó una constructora, y esa constructora generó una gran cantidad de dinero, ese dinero también tiene que volver al pueblo de Venezuela, porque no solamente se trata de recuperar lo robado, sino que también se trata de disminuir los incentivos que hacen que el sector público tenga las puertas abiertas a ser intervenido por saqueadores”, abundó el parlamentario.

Guevara enfatizó que los fondos traídos de vuelta deben destinarse a inversión social, “que en el caso concreto de nuestra situación actual tiene que ver con medicinas y alimentos”. La norma incluirá “instrumentos expeditos” para alcanzar sus fines, y sentará las bases de “una institución independiente y especializada en la materia”.

“No solamente el corrupto tendrá que devolver el dinero y pasar el juicio penal que le corresponda, sino también podrá generársele acciones civiles, que le quiten incluso más dinero, insisto en esto, es importante disminuir, reducir al máximo los incentivos para la corrupción”, subrayó el representante de Voluntad Popular.

Largo camino

La oposición denuncia que Venezuela atraviesa una “crisis humanitaria” que demanda respuestas urgentes. ¿La Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción podría ayudar a conseguir una solución inmediata a esta situación? Expertos internacionales reunidos en Caracas advirtieron que este proceso es lento, complejo y lleno de obstáculos.

“Me da miedo que crean que la recuperación de activos va a solucionar más problemas de los que en realidad soluciona, me parece que hay un tema de manejar las expectativas y hay que hacer leyes”, sostuvo Guillermo Jorge, abogado especializado en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Buenos Aires.

Jorge manifestó que recuperar el dinero “tampoco es un estándar jurídico internacional tan clarito en el mundo, a pesar de que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el primer instrumento internacional que fija este derecho de los Estados para repatriar bienes”.

El investigador argentino expresó que “tradicionalmente el país que decomisa la plata se la queda”. “Suiza tiene una disposición inmensa para devolver la plata que se oculta en su sistema financiero y eso sucede relativamente a menudo, tienen leyes específicas para esto, pero eso no ocurre en todos lados”, sentenció.

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