60 juristas venezolanos alertan que “Consulta” de Maduro al TSJ pone en riesgo el orden Constitucional

Un grupo de abogados, que integran el Bloque Constitucional de Venezuela, señalaron que se usurpan las funciones de la Asamblea Nacional con la solicitud de consulta al Tribunal Supremo de Justicia, que hizo el presidente Nicolás Maduro, sobre el presupuesto de 2016. En un comunicado alertan a organismos internacionales como la OEA, el Mercosur, el Parlasur y el Parlamento Europeo que la acción de Maduro es sumamente reprochable y acarrea responsabilidad pública, jurídica y ética.

Señalan que la consulta iniciada conlleva graves consecuencias para la estabilidad del orden constitucional. “El TSJ no es órgano de consulta ni del Ejecutivo, como si lo es la Procuraduría General de la República o el Consejo de Estado, ni de ningún órgano de la Administración Pública, sea cual fuere su nivel o grado. El TSJ solo dirime conflictos y controversias en ejercicio de función jurisdiccional o en ejercicio de su control constitucional”, explican.

Destacan que solo la Asamblea Nacional tiene competencias para evaluar los aspectos financieros y políticos del presupuesto de la nación y que el máximo tribunal carece de la formación requerida.

Explicaron que el juez constitucional, en caso de una omisión, “solo podría autorizar, previa y exclusivamente mientras el Poder Legislativo se pronuncia,  la ocurrencia de un acto o un hecho, pero nunca legislar sobre el presupuesto”.

El Bloque Constitucional de Venezuela, coordinado por  Miguel Ángel Martín, Perkins Rocha y Juan Carlos Apitz, puntualizó que la carta magna establece que “la declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público”.  Los abogados puntualizaron que, al margen de que las declaratorias de emergencia han sido desaprobadas por la AN, y de que los cinco decretos constituyen prórrogas inconstitucionales, un estado de excepción económica “jamás podría justificar el que se utilice vías alternas a las establecidas formalmente, para evadir la actuación del Poder Legislativo”.

En el comunicado, suscrito por más de 60 juristas, rechazan el argumento gubernamental sobre el desacato del Parlamento.

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