Traspaso de empresas del Estado es “Nulo, de nulidad absoluta”

Alejandro Canónico, consultor jurídico de la Gobernación de Nueva Esparta
Alejandro Canónico, consultor jurídico de la Gobernación de Nueva Esparta

La declaración la ofreció ayer el consultor jurídico de la Gobernación de Nueva Esparta, Alejandro Canónico. Suspendidas las entregas de recursos hasta que se subsane la situación

El consultor jurídico de la Gobernación de Nueva Esparta, Alejandro Canónico, informó que “la supuesta transferencia de las empresas estadales Distribuidora Neoespartana de Alimentos S.A. (Dinesa), Empresa Bolivariana Minera del estado Nueva Esparta S.A. (Ebomine), Sistema Ambiental Neoespartano de Aseos y Residuos S.A. (Sanear), Empresa Bolivariana de Infraestructura del estado Nueva Esparta (Eboinfrane) y Bus Margarita S.A.; así como del Instituto Autónomo Neoespartano de Guardavidas (Ineguard), no se llevó a cabo de manera legal, ni se materializó, por lo que ese proceso se entiende nulo de nulidad absoluta e inexistente”.

El abogado explicó que el procedimiento violenta el principio de descentralización al intentar transferir competencias de un ente regional a uno nacional y que en el supuesto de ser una “transmisión de la propiedad de los bienes, tampoco cumplieron las normas correspondientes”.

Nuevas autoridades

Por nombramiento del Gobernador Alfredo Díaz, Egidio Ordaz es el  presidente de Bus Margarita; Nhía Díaz, presidente de Ebomine; Pedro Cova, presidente del Ineguard; José David Gil, presidente de Eboinfrane; Katina Díaz, presidente de Dinesa; Juan Fernando Moreno, presidente de Sanear, remociones y nombramientos que fueron debidamente publicados en la Gaceta Oficial del Estado.

 Sanciones

“Siendo el caso que alguna de las autoridades salientes se resisten de forma ilegal a acatar la decisión gubernamental, a entregar las instalaciones y los correspondientes bienes estadales, asumiendo una posición de facto y usurpando una autoridad que no les corresponde; los actos administrativos y actividades que realicen a partir de la fecha de su remoción se entienden absolutamente nulos y acarrean responsabilidades civiles, penales y administrativas”, reza el texto legal.

En virtud de lo anterior, la Gobernación se ve en la necesidad de suspender la transferencia de recursos a dichas personas, hasta tanto no se subsane la situación.

El funcionario finalizó acotando que la decisión fue notificada a la Vicepresidencia de la República y al Consejo Legislativo Estadal.

Redacción El Ají/NP

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