Jony Rahal: TSJ debe ordenar a Nicolás Maduro suspender los CLAP

Una demanda de protección que busca amparar a más de 30 millones de venezolanos, cuyos derechos son violentados a través de la venta discrecional de alimentos distribuidos por los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción  (CLAP), interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia el diputado Jony Rahal, junto a otros parlamentarios de la bancada de la Unidad Democrática.

La acción fue presentada ante la Sala Constitucional del máximo juzgado del país y busca que -través de medidas cautelares- se ordene al presidente Nicolás Maduro la suspensión de los CLAP y que el Ejecutivo se abstenga de crear otros mecanismos distintos para la distribución y comercialización de alimentos.

“Quiero aclarar que no es que nosotros confiemos en esta Sala Constitucional. Simple y llanamente nosotros tenemos que documentar todas las violaciones  de derechos humanos, porque son delitos de lesa humanidad que no prescriben”, precisó el diputado, quien forma parte de la comisión especial que investiga los CLAP.

En la demanda también se solicita al máximo juzgado que inste al presidente Maduro a aceptar la ayuda humanitaria que requiere el país tanto en alimentos como en medicamentos.

El diputado Rahal cuestiona que el presidente Maduro haya otorgado sin asidero jurídico a los llamados CLAP,  creados el pasado 3 de abril, “poderes plenipotenciarios en cuanto a soberanía alimentaria y seguridad se refiere”, por lo que en el petitorio de la demanda se solicita la anulación del artículo 2 del Decreto de Excepción que otorga esas facultades a estos comités.

Explicó que con la demanda se busca proteger los derechos de todos los venezolanos como el de la igualdad, la no discriminación, a la vida, a la salud, a la alimentación y a la integridad personal.

“Todos estos derechos están siendo vulnerados por Nicolás Maduro con estos mal llamados CLAP que no son más que dirigentes del PSUV, con una ideología definida y que están excluyendo a la mayoría del pueblo venezolano”, acotó Rahal.

Discrecionalidad en perjuicio de todos

Precisó Rahal que la comisión parlamentaria que investiga los Comités Locales de Abastecimiento y Producción ha recibido centenares de denuncias que están siendo procesadas.

“La gente ni sabe el contenido de las bolsas de los CLAP. Hay discrecionalidad en los precios. Toda esta facultad se las dio el gobierno y estos ciudadanos organizados, que son figuras políticas, están vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos”.

El parlamentario insistió en que “no se puede jugar con la necesidad del pueblo” y que en el fondo el problema tiene que ver con un “modelo político fracasado que acabó con la producción nacional y que hoy está pegando en el estómago de los venezolanos”.

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