Jony Rahal y Orpanac intensifican lucha por contraloría social para combatir la corrupción

El diputado Jony Rahal y la ONG Organización para la Prevención Nacional de la Corrupción (Orpanac)  anunciaron este viernes su compromiso de intensificar su lucha para lograr transparencia en la información pública, lo que permitiría ejercer una eficaz contraloría social y así erradicar la corrupción.

En rueda de prensa, Rahal agradeció a Orpanac por brindar el apoyo técnico necesario y ejercer las acciones pertinentes  tanto en instancias venezolanas como internacionales, destinadas a que las autoridades nacionales y regionales brinden las informaciones requeridas para adelantar las investigaciones que permitirán determinar la existencia o no de corrupción en casos que afectan a los venezolanos y en especial a los neoespartanos, como la lista de empresarios que recibieron dólares preferenciales, la construcción de viviendas en La Auyama, el puente de La Restinga y la planta desalinizadora.

“Desde la Asamblea Nacional estamos preparando una ley de repatriación de los recursos provenientes de la corrupción. Una propuesta de ley que ya está en marcha y que pronto se va a presentar para su primera discusión. Nosotros tenemos que ejercer esa función contralora en el otorgamiento de las divisas en el estado Nueva Esparta”, dijo.

Agregó que ya ha tenido conversaciones con los integrantes de la Comisión de Finanzas de la AN sobre el tema de las divisas preferenciales otorgadas para el Puerto Libre. Destacó que pronto tendrá junto al representante de Orpanac, Juan Carlos Torcat, un derecho de palabra ante esa instancia presidida por el diputado Alfonso Marquina.

“También ejerceremos todas las acciones necesarias ante la Fiscalía,  la Defensoría e instancias internacionales porque la corrupción es un delito que no prescribe”, manifestó.

El vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios de la AN también anunció que Orpanac y su oficina parlamentaria en Nueva Esparta realizarán otras acciones de contraloría social  en todas las obras inconclusas existentes en la región insular, en las que han existido adjudicaciones directas como el caso de la Auyama y la planta desalinizadora. “Esa es la verdadera realidad de la crisis en Venezuela: la corrupción.  Así hoy todos los poderes públicos estén secuestrados nosotros tenemos que documentar los casos de corrupción”, expresó.

Ante la presencia del vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, en Margarita para dar inicio a la instalación de la planta desalinizadora de Macanao, Rahal dijo que el funcionario debe explicar al pueblo cómo esa planta que generará 100 litros de agua por segundo, la facturan a 46 millones de dólares, cuando su precio real es de 7 millones de dólares. 

Válvula de escape

Sobre el proceso del referéndum revocatorio, Rahal dijo que es la única válvula de escape que tiene esta olla de presión en la que se ha convertido Venezuela.

El parlamentario también se refirió a la delegación de atribuciones que hizo Nicolás Maduro con el general Vladimir Padrino López. En este sentido dijo que fue prácticamente un traspaso de mando. “Aristóbulo Istúriz quedó como un jarrón chino. Quien está manejando todo es Padrino López, es una transición y no creo que sea bueno”, agregó.

Considera que ante esa situación los venezolanos deben seguir movilizándose para que el revocatorio se concrete. “Estoy convencido de que este año habrá revocatorio”, señaló.

Al ser consultado sobre la decisión de la AN de dejar sin efecto la designación de 13 magistrados, Rahal asegura que el pueblo respalda esa medida, dado que el nombramiento de esas personas se hizo de manera írrita. Anunció que la próxima semana se iniciará el proceso para la selección de los nuevos magistrados, además se incorporarán los diputados del Amazonas.

Exigen transparencia

El representante de Orpanac, Juan Carlos Torcat, destacó la importancia de contar con información  clara para poder determinar el destino de los recursos de todos los venezolanos y aclarar los casos que por la falta de datos hacen presumir la existencia de hechos de corrupción.

Hizo énfasis en los dólares entregados por Cadivi a empresarios para importar productos en el Puerto Libre. “La fiscal general ha admitido que hasta 2012 hubo un desfalco de entre 20 mil y 30 mil millones de dólares… pero la suma exacta del desfalco no la sabemos, puede oscilar entre los 20 mil y los 200 millones de dólares”, expresó.

Precisó que del monto del desfalco, tampoco se conoce el porcentaje otorgado en Nueva Esparta ni las personas que se beneficiaron, y considera importante que eso se conozca para establecer las responsabilidades a que haya lugar.

“Nosotros vamos a emprender, con el diputado Jony Rahal, varias acciones para pedirle al Estado que sea transparente, que indique cuáles fueron las personas y las empresas que recibieron las divisas en Nueva Esparta”, dijo.

Agregó que sin información transparente es imposible ejercer la contraloría social. “Esa opacidad  hay que eliminarla y para eso vamos a ejercer nuestro derecho a la información pública y varias acciones posteriores si el Estado no nos da la información”, señaló.

Aseguró que si deben acudir a instancias internacionales lo harán.

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