OEA pidió a Nicolás Maduro no interferir en designación de la nueva directiva del Parlamento

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Cada 5 de enero, comienza un nuevo período parlamentario, por lo que los diputados en la sesión de instalación deberán escoger una nueva directiva para el período 2017.

La Asamblea Nacional, conformada por 167 diputados de los cuales la oposición cuenta con 112 parlamentarios, ha sido blanco de acciones judiciales desde el Tribunal Supremo de Justicia, declarándole incluso en desacato en primer momento por haber incorporado a los diputados electos y adjudicados por el Consejo Nacional Electoral, luego que éstos fuesen impugnados ante el TSJ por un supuesto fraude electoral. Luego, a raíz de la mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno nacional, los diputados por Amazonas se desincorporaron de sus funciones parlamentarias. Sin embargo, el Tribunal Supremos de Justicia mantiene su posición respecto al desacato parlamentario. Todo ello, a pesar que la Asamblea Nacional es un poder autónomo. La otrora Asamblea Nacional, conformada casi en su totalidad por diputados del Partidos Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidida por Cilia Flores, actual esposa de Nicolás Maduro.

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Visto esto, la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha emitido un comunicado en el que exhorta no solo al Presidente Maduro, sino a las demás instituciones venezolanas, de abstenerse ante la futura designación de la nueva directiva parlamentaria.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a los poderes del Estado venezolano y principalmente al Poder Ejecutivo del país caribeño a respetar la normativa interna de la Asamblea Nacional (AN) para la elección de su Junta Directiva, que deberá asumir funciones el 5 de enero de 2017.

En efecto, la Secretaría General de la OEA, califico de inaceptables y ultrajantes a la –ya violentada de forma continua- independencia y equilibrio de poderes las declaraciones y anuncios realizados por representantes del Poder Ejecutivo de Venezuela y del gobernante PSUV, relativas a desconocer las próximas autoridades de la AN. Esto genera incertidumbre política y social, reforzando el círculo perverso de crisis de democracia, ruptura institucional, desabastecimiento, hambre, inseguridad, falta de derechos y pobreza.

Ningún sistema de gobierno en el que se encuentre consagrada la separación de poderes puede admitir bajo ningún concepto que acciones del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial pretendan paralizar definitivamente el trabajo del Poder Legislativo, en el cual recae la representación política y soberana de la nación.

En el caso de Venezuela, admitir lo contrario llevaría el diagnóstico aún más allá del escenario actual de alteración del orden constitucional y ruptura institucional, para terminar de configurar un golpe de Estado a través de la disolución de hecho (por paralización definitiva) de uno de los Poderes del Estado.

Cualquier intervención de estas características equivaldría a la desaparición de la soberanía popular que recae en la AN, ameritando las más duras condenas por parte de la comunidad internacional.

La Junta Directiva de la AN, según su normativa interna, se integra por un Presidente (a), un Primer Vicepresidente (a) y un Segundo Vicepresidente (a), así como un Secretario (a) o Secretaria y un Subsecretario (a).

Del mismo modo, corresponde que al inicio del período constitucional y al inicio de cada período anual de sesiones ordinarias, la AN debe escoger su Junta Directiva, la cual será elegida por los diputados y diputadas presentes.

La correcta elección y funcionamiento de la Junta Directiva resultan fundamentales para el adecuado accionar del Poder Legislativo. Igualmente, como surge con claridad de la normativa, la elección de la Junta Directiva es un acto interno de la AN, debidamente reglado y que no admite interferencias por parte de otras entidades o Poderes del Estado.

Cualquier interferencia en la elección de autoridades de la AN por parte del Poder Ejecutivo o el Poder Judicial implica el desconocimiento absoluto de los principios esenciales de la democracia, que son la separación e independencia de poderes. A ello se le suma dejar a un lado la legitimidad que el pueblo de Venezuela le dio a la AN y, por lo tanto se estaría consagrando un paso más en la consolidación de un régimen autoritario.

En cambio, lo que el pueblo venezolano necesita son soluciones ya para superar la dramática crisis humanitaria, de falta de alimentos, de medicinas y de cobertura de sus necesidades básicas.

Por lo expuesto, la Secretaría General de la OEA exhorta al más escrupuloso respeto de los mecanismos de funcionamiento interno de la AN y así frenar el lamentable deterioro institucional y social en curso.

Al mismo tiempo, reitera su llamado a los participantes en el diálogo en curso, y a quienes ofician como facilitadores del mismo, a buscar soluciones reales, concretas y urgentes poniendo por delante los derechos y los intereses del pueblo de Venezuela, cuyo sufrimiento cotidiano debe ser el primer objeto de preocupación de los responsables políticos, porque como dijo el ex Presidente Hugo Chávez Frías, durante su cierre de campaña el 18 de agosto de 2012 en San Félix, estado Bolívar, “la voz del pueblo es la voz de Dios”.

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