La Justicia de Ecuador acorrala al periodista que destapó la corrupción del gobierno de Rafael Correa

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El presidente impulsa condenas contra Fernando Villavicencio por divulgación de información reservada e injurias. Es quien reveló desde su portal el caso Petroecuador, entre otros

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El 9 de noviembre, la etiqueta #tuiteandocomogalochiriboga marcó tendencia en la red social twitter en Ecuador y con ella, junto con varios memes y fotografías, se comenzaron a recordar casos de corrupción en este país andino, mediante burlas por un post del Fiscal de la Nación, Galo Chiriboga.

El asambleista Clever Jiménez y el periodista fernando Villavicencio, acusados por divulgación de información reservada.
El asambleista Clever Jiménez y el periodista fernando Villavicencio, acusados por divulgación de información reservada.

Ese día, el Fiscal Chiriboga publicó entrecomillados dos tuits con la etiqueta #LaverdadCasoPetroecuador y #NuncaMasImpunidad.
“Las personas procesadas por peculado no garantizan con su huida impunidad”; “De ser declarados culpables tendrán que vivir ausentes y escondidos de por vida, lo cual constituye una grave pena”, decían sus tuits.

Esas publicaciones enfurecieron a la comunidad de tuiteros que no esperó para contestarle y recordar casos de corrupción como el del argentino Gastón Duzac, del ex presidente del Banco Central, Pedro Delgado, entre otros, disfrutando de los placeres de vivir escondidos de por vida o vivir ausentes.

El #tuiteandocomogalochiriboga, además de recordar al fiscal los más sonados casos de corrupción en el país, puso una vez más sobre el tapete las órdenes de prisión que existen contra Fernando Villavicencio, ex sindicalista, periodista y actual director de investigación del portal Focus, a través del cual ha denunciado grandes casos de corrupción que afectan al gobierno de Rafael Correa, entre ellos uno de los más recientes sobre la red de coimas en la estatal petrolera Petroecuador en torno a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas.

Al momento Villavicencio, que afirma que el Gobierno lo quiere preso para evitar que siga destapando casos de corrupción –lo cual es negado por el Gobierno- enfrenta dos juicios; una orden de prisión preventiva que aún no se ejecuta que incluye la posibilidad de ir hasta por 3 años a la cárcel si finalmente se le encuentra culpable de los delitos que se le imputan; y el riesgo de perder sus bienes, patrimonio de sus hijos, para pagar por una sentencia de un juicio que le ganó el presidente Correa.

“En cualquier momento pueden llegar a mi casa y llevarme a la cárcel o llevarse mis bienes: el carro de la familia y el menaje de casa”, sostiene Villavicencio, quien al momento espera la resolución sobre la apelación presentada por su abogado en días pasados a la orden de prisión preventiva en su contra.

En cualquier momento pueden llegar a mi casa y llevarme a la cárcel o llevarse mis bienes: el carro de la familia y el menaje de casa

El un juicio contra Villavicencio es por divulgación de información reservada; se originó en el 2013 tras un allanamiento y confiscación de implementos electrónicos, incluidos celulares tablets y documentos, realizado en diciembre de ese año a las viviendas de Fernando Villavicencio y del asambleísta Cléver Jiménez, a quien también le intervinieron su oficina, por un presunto hackeo de correos electrónicos del Presidente, del Vicepresidente, de varios ministros y del Asesor Jurídico de la Presidencia.

Los allanamientos fueron pedidos por la Presidencia de la República y ordenados por el Juez de la Corte Nacional Jorge Blum y el Fiscal General, Galo Chiriboga.

En la madrugada del pasado 28 de octubre, luego de más de ocho horas de audiencia, el juez Blum ordenó la prisión preventiva para Jiménez y Villavicencio. Ambos fueron acusados por la Fiscalía de violar la intimidad del presidente de la República Rafael Correa al difundir supuestamente correos electrónicos privados.

Según Villavicencio, Jiménez y sus abogados, la sentencia evidencia la politización de la justicia.

“Si quisieran hacer justicia, lo harían con los responsables de los actos de corrupción y no con quienes los denuncian”, dijo el abogado Julio César Sarango, uno de los abogados de Villavicencio, mientras Jiménez aseguró “sabemos que la justicia ecuatoriana se encuentra sometida al Correísmo”.

Si quisieran hacer justicia, lo harían con los responsables de los actos de corrupción y no con quienes los denuncian

Pero el abogado del Presidente Correa, Caupolicán Ochoa, ha negado cualquier tipo de abuso o interés político y ha firmado que la sentencia cumple tiempos legales y no políticos. Y el Fiscal Chiriboga dijo no ver razón para que se argumente que se trata de una retaliación política “cuando hablamos de una infracción tipificada en el Código Penal sobre la que se han presentado elementos de convicción”.

De acuerdo con Chiriboga, entre octubre y noviembre de 2013, los dos procesados “difundieron información confidencial que habían extraído de forma irregular desde correos enviados por el procurador general del Estado, Diego García, al presidente Rafael Correa, y al asesor de la Presidencia de la República, Alexis Mera”.

Dicha información fue divulgada a través de un boletín de prensa enviado desde el correo electrónico de Jiménez y mediante un reportaje elaborado por Villavicencio, según ha dicho la Fiscalía.

La información tiene relación con la contratación, en el 2007, por parte del gobierno ecuatoriano de la firma de abogados Folley Hoag para que defienda al país en una serie de litigios judiciales, entre ellos uno con la empresa Chevron Corporation . Jiménez había dicho que la firma había trabajado hasta el 2009 con Chevron en un caso de derechos humanos que se litigaba en Birmania y esto generaba un conflicto de intereses, lo cual fue citado en un artículo.

“Este no es un caso de información reservada ni particular porque no se habla de la vida privada del secretario jurídico de la presidencia ni del Procurador del Estado entre quienes se había intercambiado esa información. Se trata de información pública de interés nacional porque estaban en juego recursos públicos y con base a dos párrafos sobre el tema que publiqué en el Portal Plan V, junto con otra periodista, coautora del reportaje, me enjuician en un caso evidentemente politizado, en el que no pueden probar siquiera que yo escribí esos párrafos. Me juzgan solo a mí, lo que prueba la persecución política contra mi persona“, sostuvo Villavicencio, quien niega que se haya hackeado y peor divulgado los correos. “La información nos llega de diversas formas”, dice.

En marzo pasado, durante su acostumbrado programa sabatino, Correa llamó la atención a la Fiscalía y le reclamo justicia.

“Es gravísimo el asunto del hackeo y no sé por qué no ha avanzado esa investigación, señor fiscal. Como un ciudadano más, usted es autónomo, pero sí exijo celeridad en la justicia, se está demorando la justicia. Tuvimos un hackeo gravísimo a las cuentas de la Presidencia, del asesor jurídico; se han hecho investigaciones, se tienen fuertes indicios, pero todo está paralizado. Así que por favor, como un ciudadano más, si pueden acelerar un poquito (…) este caso. Como un ciudadano cualquiera tengo derecho a recibir justicia oportuna. Justicia que tarda no es justicia. Nuestras cuentas fueron hackeadas, hay claros indicios de quién lo hizo y todavía no se hacen las acciones del caso. Así que, por favor, como un ciudadano más, exijo justicia”, dijo en esa ocasión Correa, acusando a Villavicencio de cobarde al no asumir su responsabilidad.

“Estando cerca de las elecciones se les ocurrió reactivar el caso, solicitando además prisión preventiva para un tipo penal que tiene una pena de 1 a 3 años, lo cual es totalmente desproporcionado, dice Ramiro García Falconí, uno de los abogados de Villavicencio. “En casos de corrupción como el del ex Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, se les ofrece todas las garantías y se ha solicitado orden de prisión cuando todos los procesados estaban fuera del país, en el caso de Jiménez y Villavicencio, estando en el país, presentándose a todas las audiencias se dicta orden de prisión preventiva sin ninguna racionalidad”.

Villavicencio ha apelado la orden de prisión que pesa en su contra y espera que en el transcurso de este mismo mes se convoque a la audiencia respectiva para dar trámite a la apelación.

El otro juicio contra Villavicencio se refiere a la declaratoria de insolvencia emitida en octubre pasado y ordenó la ocupación de bienes, correspondencia y bienes que sean de su propiedad. Villavicencio, el ex asambleísta Jiménez y el médico Carlos Figueroa, tras un juicio por injurias ganado por Correa deben pagarle USD 141.000. A Villavicencio le toca pagar USD 47.307 y ha recibido apoyo de la ciudadanía, a través de la campaña denominada “un dólar para Rafael“.

Villavicencio, que será candidato a Asambleísta por el Movimiento Creo, dijo que con esta sentencia se pretendió bloquear su candidatura para impedir que en la Asamblea fiscalice al Gobierno. Pero el abogado Ochoa aseguró que la sentencia llegó a su culminación luego de tres años de trámite y que las pretensiones políticas de Villavicencio son completamente ajenas a los abogados y a la justicia.

En el 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que no se ejecute la sentencia y emitió medidas cautelares que fueron ratificadas en agosto pasado, por lo que el abogado Julio César Sarango dice que “se ha abusado de la justicia y la sentencia es nula, pero el abogado del Presidente insiste en el pago”.

El juicio por injurias fue planteado por el Presidente Correa contra los tres ciudadanos mencionados, quienes lo acusaron de ordenar un ataque para rescatarlo cuando permaneció retenido durante varias horas en un hospital militar en Quito, en medio de una revuelta policial en el 2010. Las expresiones están contenidas en una denunciada presenta contra el Presidente Correa ante la Fiscalía de la Nación.

En 2013, Jiménez y Villavicencio fueron condenados a 18 meses de prisión, pero tras la vigencia del nuevo Código Integral Penal, la pena se redujo a 12 meses, y la condena prescribió en marzo del año pasado, tras lo cual los dos, que habían permanecido escondidos en lo más profundo de la selva de Ecuador, regresaron a la vida pública.

Correa y varios de sus funcionarios en diversas ocasiones han sostenido que Ecuador por fin tiene una justicia independiente, transparente y eficiente, “ejemplo a nivel regional”, lo que para Villavicencio y sus abogados carece de sustento. Para el abogado Sarango, las constantes denuncias de Villavicencio han despertado preocupación y temor en el gobierno, “que busca sentar precedentes y cualquier persona que intente decir algo en contra del gobierno correrá la misma suerte: cárcel y multa (…). Se trata de sentar precedentes, criminalizar y atemorizar”.

El caso de Villavicencio ha revivido también en Ecuador las acusaciones de doble moral contra el gobierno de Correa, que en junio del 2012 concedió asilo político en su embajada en Londres al famoso hacker australiano Julián Assange, con la consideración de que éste podía “ser víctima de una persecución política como consecuencia de su defensa decidida a favor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa”, según dijo el entonces Canciller Ricardo Patiño cuando anunció la concesión del asilo.

Un año más tarde, en el 2013, los ojos del mundo volvieron a centrarse en Ecuador y en Correa cuando Assange desde Londres anunciaba que Edward Snowden – fugitivo de la justicia de Estados Unidos por filtrar a la prensa documentos de inteligencia- dejó legalmente Hong Kong y se dirigía por una vía segura a Ecuador, con un documento de refugiado otorgado por ese país.

El Gobierno tardó algunos días en aclarar el hecho, pero Patiño afirmó que para tomar una decisión sobre la petición de asilo que había realizado Snowden, Ecuador se basará en su Constitución, que defiende la protección de la fuente y los derechos de asilo, así como la libertad de opinión y expresión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Finalmente Snowden nunca viajó a Ecuador.

En ese mismo mes, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, 100 de un total de 137 Asambleístas, aprobó una polémica Ley de Comunicación, que los opositores de Correa y organismos internacionales sostienen restringe severamente la libertad de expresión, y ha abierto la puerta para la autocensura en los medios y periodistas y se ha convertido en una herramienta para amordazar a los críticos de Correa.

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