Califican de “megaestafa” manejos de Daniel Ortega con el petróleo venezolano

MANAGUA.- Como una mega estafa ha sido catalogada por opositores, el mal manejo sandinista de la millonaria cooperación petrolera venezolana que muy probablemente al final deberá pagar el Estado de Nicaragua, pero que administrándola de manera privada y sin fiscalización pública, Daniel Ortega logró corromper a los poderes del Estado, crear clientelismo político y formar empresas para engordar el emporio familiar y de su círculo de poder.

El uso de esos recursos ha vuelto a estar bajo lupa luego de que esta semana el semanario independiente Confidencial, publicara una docena de documentos oficiales de Venezuela en las que cuestionaban el mal manejo sandinista de tales recursos.

La cooperación petrolera venezolana a Nicaragua, firmada por Ortega y el entonces mandatario Hugo Chávez en Managua en enero de 2007 dentro de la cobija de Petrocaribe y el Alba, ascendió a 3,600 millones de dólares a finales de 2015.

Todos estos años había sido manejada por la empresa mixta Albanisa, en la que la empresa estatal venezolana PDVSA detenta el 51 por ciento de las acciones y la empresa estatal nicaragüense Petronic el 49 por ciento.

En ese acuerdo, Nicaragua ha importado desde Venezuela una cuota de petróleo y derivados. Un 50 por ciento del producto de la comercialización interna de los hidrocarburos asumía la forma de un crédito a ser cancelado en un plazo de 25 años, con una tasa de interés del dos por ciento anual. La otra parte, a 90 días plazo.

Según Confidencial, los documentos de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) revelan que al menos desde 2012 altos funcionarios de la administración de Hugo Chávez cuestionaron el desvío de la cooperación estatal venezolana a través de la cooperativa privada nicaragüense Caruna, advirtiendo el riesgo de no poder recuperar los préstamos derivados de la transferencia superior a los 3,600 millones de dólares.

Los cuestionamientos elaborados por los servicios jurídicos de Pdvsa, demuestran que tanto las autoridades de esa empresa estatal, así como el estamento político venezolano estaban plenamente informados de las violaciones al acuerdo petrolero, el cual debió ser manejado de Estado a Estado, y no fuera del marco legal del mismo y cuestionan la idoneidad de Caruna para administrarlos.

Otra irregularidad encontrada por el equipo jurídico de Pdvsa, son los mecanismos de “triangulación” de exportaciones utilizados por Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), para pagarle a Venezuela el primer 50% la factura petrolera.

Dentro del acuerdo, Nicaragua exportó a Venezuela café salvadoreño, frijoles argentinos, aceite hondureños, novillos guatemaltecos y azúcar brasileño, con lo cual vulnera el acuerdo de Petrocaribe cuyo objetivo es promover la producción nacional de los países beneficiarios de la cooperación petrolera y eliminar intermediación.

Otro señalamiento, es el oneroso costo burocrático de Albanisa cargada a cuentas del acuerdo petrolero.

Tras los cuestionamientos venezolanos, el manejo de la cooperación pasó a manos de PDVSA y luego la deuda fue comprada por el Banco Central de Venezuela.

Como consecuencia inmediata, algunas empresas de Albanisa en Nicaragua como Alba-Forestal ya desaparecieron, al igual que Alba-ganado y Alba-alimentos, según reportes de prensa independientes.

Estas empresas, ramificaciones operativas del otrora jugoso convenio de cooperación con Venezuela, han cerrado o están cerrando operaciones. Se esperan más despidos porque Alba-crédito sería el último bastión por desaparecer.

La administración del acuerdo está ahora en manos venezolanas y en Nicaragua surge la pregunta sobre quién pagará esos dineros, que según Ortega y sus allegados, en el año 2008, eran de manejo privado a solicitud de Venezuela, cuando realidad desde un inicio debió ser de Estado a Estado.

Si esta supuesta “deuda privada” es reconocida como deuda pública, como sugieren los papeles de PDVSA publicados por Confidencial, todos los nicaragüenses sufrirán las consecuencias a través de un incremento de los impuestos o una reducción de los gastos en el presupuesto de la república, según el exdiputado opositor, Enrique Sáenz, quien además considera toda esta maraña como una megaestafa.

Para ser más precisos, serán los nicaragüenses quienes al final paguen una deuda con la cual Ortega hizo fiesta mediante la compra de voluntades políticas para mantenerse en el poder, crear clientelismos con programas sociales populistas y crear un portafolio de empresas privadas manejadas por su familia y su grupo de poder.

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