ONU podría dejar “muda” a la Defensoría del Pueblo venezolana

La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos se reunió para evaluar si degrada o no a la Defensoría del Pueblo de Venezuela, por no demostrar ser independiente del gobierno, publica el Diario de Las Américas.

Mudo. Así podrían dejar las Naciones Unidas a Tarek William Saab, defensor del pueblo de Venezuela, pues consideran que “no está preparado para hablar con contundencia y promover el respeto de los Derechos Humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los Derechos Humanos cometidos por las autoridades gubernamentales”.

En estos días la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRHI, por sus siglas en inglés) se reunieron en Berlín (Alemania) para revisar el informe que mayo pasado su Subcomité de Acreditaciones elaboró y donde recomendó degradar a la Defensoría del Pueblo desde la categoría “A” hasta la “B”, así como la apelación de Saab.

De ratificarse la recomendación contenida en el reporte la Defensoría perdería su voz en instancias como el Consejo de Derechos Humanos y cualquier otro órgano de la ONU, ante lo cuales no podría presentar documentos ni ejercer ningún tipo de incidencia, tal y como lo ha venido haciendo desde que fue creada en el año 2000.

En 2015, en otro informe, la instancia integrada por defensores de los cinco continentes le dio un año a Saab para “demostrar” que era “independiente” del Gobierno y que estaba preparado para “hablar alto y claro en relación con las principales cuestiones de Derechos Humanos”.

Sin embargo, en estos doce meses el funcionario no movió un dedo para que la suspendida jueza María Lourdes Afiuni o el dirigente opositor Leopoldo López fueran liberados —tal y como lo exigió el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU—; además de guardó silencio frente al cierre de la frontera y las deportaciones masivas de colombianos pese a las numerosas denuncias de expulsiones sin procedimiento, de robo de pertenencias y de destrucción de viviendas; así como su inacción frente a los ataques contra activistas de Derechos Humanos, llevaron a la instancia evaluadora a concluir que la Defensoría no es más que un apéndice del Ejecutivo.

Saab, quien en estos días se encuentra en la capital alemana tratando de recabar apoyos, ha negado los señalamientos y tras asegurar que lo que se evalúa es la gestión de su predecesora, Gabriela Ramírez, denunció una campaña por parte de cinco organizaciones no gubernamentales para “sabotear y boicotear” su gestión.

Hablan los denunciantes

Desde el Centro de Derechos de la Universidad Católica Andrés Bello y desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), dos de las agrupaciones que han pasado los últimos tres años suministrando a la ONU información sobre el comportamiento de la Defensoría, hicieron votos porque la decisión sea la degradación.

“Esperamos que el Buró ratifique la decisión del subcomité, porque lo contrario implicaría que el Defensor del Pueblo puede hacer lo que le da la gana o mejor dicho puede seguir sin hacer nada”, afirmó Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos, quien agregó: “La evaluación revela que el Defensor no hizo nada para corregir las deficiencias y que no está preparado para hablar ‘alto y claro’ por los Derechos Humanos”.

En similares términos se pronunció Alvarado, quien durante su última etapa como coordinador de Provea participó en esta especie de juicio internacional al organismo, y quien aseveró que el objetivo último es “tener una Defensoría eficiente, independiente y que garantice la defensa de los Derechos Humanos, es decir que cumpla el mandato que le da la Constitución”.

Aunque reconoció que Saab ha tenido algunos gestos, el activista reconoció que los mismos son opacados por sus omisiones. “El silencio frente a las OLP es lo peor. Ese silencio ha costado vidas y ha propiciado atropellos como las detenciones ilegales y masivas, el robo de pertenencias, los tratos crueles”.

Las OLP (operaciones de liberación del pueblo) es el último plan de seguridad del Gobierno y en él participan más de 20 mil guardias nacionales junto a policías y agentes de inteligencia y durante ellas se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía hasta diciembre pasado había abierto investigaciones para determinar las circunstancias en las que 245 personas perdieron la vida durante esos procedimientos.

Bolívar, por su parte, criticó del Defensor que haya limitado su acción a la mediación. “¿Cómo se puede mediar entre un violador de Derechos Humanos y una víctima? Allí no hay mediación posible. La mediación solamente sirve en conflictos donde las partes son iguales”.

“La expectativa es que no se le renueve la categoría A, porque no se la merece y que se la gane con acciones”, afirmó Alvarado, quien prosiguió: “¿Cómo es posible que el Defensor se cale (tolere) que el Director del Sebin (servicio de Inteligencia) le niegue a sus subalternos visitar a las personas detenidas en sus sedes? ¿Cómo puede verificar su condición? ¿Por qué no lo denuncia o interpone acciones judiciales?”.

Habrá que esperar a quién le cree la alianza.

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